La propuesta oficial que autoriza la minería a gran escala fue aprobada a mediados de enero por el Poder Legislativo, pero Correa aplicará un cambio que amplía los requisitos para que las áreas concesionadas en las que se invirtió recursos públicos sean recuperadas para el Estado.

De no aplicarse la reforma "se quedarán en manos privadas importantes proyectos mineros donde el Estado fue el que descubrió las reservas y donde el Estado invirtió ingentes cantidades de recursos", dijo Correa.

"Por eso se está presentando un veto parcial y esperamos que esta misma semana el país tenga la ley minera", agregó ante unas 2.000 personas concentradas en una plaza de Quito por los dos años de gestión.

Con el cambio, se autoriza a "restituir" las áreas mineras y proyectos donde el Estado haya realizado investigación geológica, exploración o establecido estudios previos, según la objeción remitida por el mandatario a la Comisión Legislativa.

El Gobierno no precisó qué proyectos afectaría el cambio en la ley, que fija regalías para el Estado, una serie de acciones para aumentar el control estatal en el incipiente sector y determina contratos de prestación de servicios para los nuevos actores.

Con la vigencia de la ley se reiniciarán las operaciones mineras suspendidas en abril en el país, que quiere convertirse en una jugador importante del mercado por sus prometedores yacimientos de oro, plata y cobre.

La propuesta ha despertado críticas de los indígenas por una mayor apertura de la actividad al sector privado, en desmedro de la actividad artesanal de la que se benefician cientos de familias pobres, y mayores amenazas de contaminación de sus territorios.

Dirigentes han amenazado con bloquear vías el martes para evidenciar su rechazo a la ley y mantener la protesta de manera indefinida. 

Correa advirtió que sancionaría "con toda la firmeza" actos de violencia o violaciones legales como la destrucción de bienes públicos o privados y la suspensión de servicios básicos.