Una nueva ley de minería, que ha sido rechazada por indígenas y ambientalistas, fue aprobada definitivamente por el legislativo que el lunes se limitó a acatar un pequeño veto que hizo llegar el presidente Rafael Correa.

El lunes de la semana pasada, Correa dijo que el proyecto de ley tenía "un pequeño error", y pidió que solamente una "y" fuera cambiada por una "o", lo que el legislativo acogió el lunes en una rápida votación.

El texto original decía "que se revertirán al estado los proyectos donde el estado haya hecho exploración y estudios de prefactibilidad y factibilidad". Finalmente quedó "que se revertirán al estado los proyectos donde el estado haya hecho exploración o estudios de prefactibilidad y factibilidad".

Según Correa, así se evita que queden en manos privadas "proyectos mineros donde el estado fue el que descubrió esas reservas y donde el estado invirtió".

La ley estará vigente cuando sea promulgada por Correa y publicada en el registro oficial. La aprobación final fue con 50 votos a favor, tres en contra, dos blancos y 10 abstenciones.

Sectores indígenas y ambientalistas que han protagonizado protestas -la última registrada el jueves-, cuestionan la nueva ley por considerar que beneficia a empresas transnacionales y fomenta la minería a gran escala, lo que aseguran afectará al medio ambiente y a las fuentes de agua.

Han anticipado que solicitarán la "inconstitucionalidad" de la ley.

Correa ha criticado los "fundamentalismos e infantilismos" de ciertos grupos indígenas y ambientalistas que ha dicho buscan "condenarnos a ser mendigos sentados en un saco de riqueza".

El gobierno ha defendido la expedición de la nueva ley para regular una actividad con gran potencial y que ha sido poco explotada en el país.

A través de propaganda difundida a través de medios de comunicación, el gobierno señala las bondades de la nueva ley como que establecerá controles y regulaciones para las actividades mineras que antes no existían y que protegerá el medio ambiente.

La minería es una actividad poco explotada. La mayoría de proyectos son de minería artesanal y las grandes explotaciones son de minerales no metálicos como el cemento, en las manos de la suiza Holcim y la francesa Lafarge Cementos, entre otras.

Con la nueva ley se pondrán en marcha proyectos de explotación de cobre, oro y plata, especialmente. El gobierno calcula que el país tiene un potencial minero que asciende a unos 110.000 millones de dólares.

Grandes proyectos mineros, aún en fase exploratoria que estaban paralizados por una decisión tomada hace nueve meses por la Asamblea Constituyente, de empresas extranjeras como las canadienses EcuaCorriente, Aurelian Resources, Iamgold e International Minerals Corporation (IMC) estaban a la espera de la nueva ley para retomar sus actividades y adecuarse a las nuevas normas ambientales, de concesión, de repartición de regalías, entre otras.

Entre los artículos aprobados constan la creación de una empresa estatal de minería, la prohibición de extracciones en áreas protegidas y estudios ambientales, subasta pública para el otorgamiento de concesiones, el remate público para concesiones caducadas o revertidas al estado, regalías para el estado "de un monto no menor" a los del concesionario que los explota, entre otros.